{"id":16303,"date":"2025-10-21T21:48:16","date_gmt":"2025-10-21T21:48:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.flx-logistics.com\/es-tan-temible-la-ley-de-delitos-economicos\/"},"modified":"2025-10-21T21:48:16","modified_gmt":"2025-10-21T21:48:16","slug":"es-tan-temible-la-ley-de-delitos-economicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.flx-logistics.com\/en\/es-tan-temible-la-ley-de-delitos-economicos\/","title":{"rendered":"\u00bfES TAN \u201cTEMIBLE\u201d LA LEY DE DELITOS ECON\u00d3MICOS?"},"content":{"rendered":"
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Pymes, fundaciones, universidades p\u00fablicas, partidos pol\u00edticos y hasta organizaciones religiosas podr\u00edan ser sancionadas penalmente por la Ley 21.595 sobre delitos econ\u00f3micos. A casi un a\u00f1o de su entrada en vigencia, \u00bfcu\u00e1les han sido los alcances de esta ley? \u00bfQu\u00e9 implica, en la pr\u00e1ctica, para organizaciones de todos los tama\u00f1os y c\u00f3mo prepararse, sin caer en alarmismos innecesarios?<\/p>\n

Para algunos marca \u201cun antes y un despu\u00e9s\u201d en la lucha contra la corrupci\u00f3n en el mundo empresarial. Para otros, en cambio, es una normativa desproporcionada que podr\u00eda paralizar la iniciativa privada. \u00bfEs realmente tan dr\u00e1stica como se dice?.<\/p>\n

Promulgada en agosto de 2023, la Ley 21.595 es una reforma integral al marco legal contra la criminalidad econ\u00f3mica y ambiental en Chile. Su objetivo es combatir la impunidad de los llamados \u201cdelitos de cuello y corbata\u201d mediante penas m\u00e1s severas y un mayor alcance de la responsabilidad penal, tanto para las personas naturales (individuos) como para las jur\u00eddicas (empresas).<\/p>\n

La ley entr\u00f3 en plena vigencia el 1 de septiembre de 2024, luego de un per\u00edodo de adaptaci\u00f3n de un a\u00f1o. Desde entonces, todas las empresas en Chile deben cumplir con estas nuevas reglas. Es importante aclarar, eso s\u00ed, que no tiene efecto retroactivo, es decir, que cualquier acci\u00f3n cometida antes de esa fecha no puede ser juzgada bajo esta ley.<\/p>\n

Un aspecto relevante de esta normativa es que ampl\u00eda el cat\u00e1logo de delitos econ\u00f3micos por los cuales pueden responder penalmente las empresas, pasando de 20 a m\u00e1s de 200 delitos. Estos abarcan no solo delitos corporativos cl\u00e1sicos como fraude, cohecho (corrupci\u00f3n), apropiaci\u00f3n indebida o lavado de activos, sino tambi\u00e9n delitos ambientales y otros il\u00edcitos que antes no implicaban a la persona jur\u00eddica.<\/p>\n

Empresas: \u00bfculpables por defecto?<\/h3>\n

Desde el mundo empresarial, especialmente entre las pymes, existe preocupaci\u00f3n por lo que se percibe como una sobrerregulaci\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica. Una de las cr\u00edticas frecuentes apunta a la dificultad de implementar Modelos de Prevenci\u00f3n de Delitos (MPD) robustos, sin contar con equipos jur\u00eddicos especializados, lo que podr\u00eda dejar expuestas a peque\u00f1as y medianas empresas ante una eventual investigaci\u00f3n penal.<\/p>\n

Aunque la ley contempla ciertos atenuantes y exenciones para empresas de menor tama\u00f1o (aquellas con ventas bajo 25.000 UF anuales pueden quedar exentas de las sanciones m\u00e1s severas), en la pr\u00e1ctica muchas pymes siguen sin saber si est\u00e1n haciendo lo suficiente. \u00bfEs obligatorio contratar un oficial de cumplimiento? \u00bfBasta con tener un c\u00f3digo de \u00e9tica y capacitaciones b\u00e1sicas?<\/p>\n

A esa incertidumbre se suma el hecho de que la ley tambi\u00e9n abarca a organizaciones que, tradicionalmente, no hab\u00edan estado bajo el foco del derecho penal econ\u00f3mico. Fundaciones, universidades estatales, partidos pol\u00edticos e incluso entidades religiosas est\u00e1n hoy sujetas a responsabilidad penal, si\u00a0 cometen un delito en el marco de su actividad institucional.<\/p>\n

Esto ha generado cierta inquietud en sectores que no cuentan con estructuras formales de cumplimiento o que operan con l\u00f3gicas distintas a las empresariales. As\u00ed, por ejemplo, una universidad que no cuente con adecuados controles administrativos podr\u00eda enfrentar sanciones, si se demuestra que hubo malversaci\u00f3n o fraude cometido por alguno de sus funcionarios. Lo mismo podr\u00eda aplicarse a una fundaci\u00f3n que gestione fondos p\u00fablicos sin protocolos adecuados.<\/p>\n

Exigente, pero a\u00fan sin efectos visibles<\/h3>\n

Pese a su severidad en el papel, hasta ahora, la Ley de Delitos Econ\u00f3micos a\u00fan no ha mostrado casos emblem\u00e1ticos de aplicaci\u00f3n. Esto se explica, en parte, porque no ha transcurrido un tiempo suficientemente amplio para que se desarrollen investigaciones complejas, se presenten cargos, se realicen juicios y se dicten sentencias. Algunas causas recientes -y de alta connotaci\u00f3n p\u00fablica- que podr\u00edan haber calificado como delitos econ\u00f3micos bajo esta normativa, se relacionan con hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia de la ley, por lo que no pueden tramitarse bajo este nuevo marco legal.<\/p>\n

Pero tambi\u00e9n influyen factores estructurales: la aplicaci\u00f3n de esta normativa requiere fiscales con formaci\u00f3n especializada, peritos en compliance, y tribunales que puedan interpretar adecuadamente los nuevos tipos penales. A eso se suma que muchos de los delitos incluidos en la ley (como colusi\u00f3n, da\u00f1os ambientales o lavado de activos) requieren largos procesos probatorios y suelen investigarse de manera reservada durante meses o a\u00f1os.<\/p>\n

En este escenario, m\u00e1s que una amenaza inmediata, esta ley se podr\u00eda considerar una \u201cadvertencia\u201d a mediano y largo plazo, que desde lado positivo, puede servir a muchas organizaciones para revisar sus controles internos, actualizar c\u00f3digos de conducta y capacitar a sus equipos.<\/p>\n

Caso Codelco: \u00bfuna prueba para la Ley de delitos econ\u00f3micos?<\/h3>\n

El accidente ocurrido en la mina El Teniente, que dej\u00f3 seis trabajadores muertos a fines de julio pasado, podr\u00eda convertirse en el primer caso emblem\u00e1tico donde se eval\u00fae la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la Ley 21.595 sobre Delitos Econ\u00f3micos. Aunque la investigaci\u00f3n a\u00fan est\u00e1 en curso y no se han establecido responsabilidades penales, el hecho permite un ejercicio pr\u00e1ctico e hipot\u00e9tico para analizar c\u00f3mo esta ley opera frente a eventos graves que ocurren dentro de una actividad empresarial.<\/p>\n

Desde el punto de vista penal, es fundamental determinar si existi\u00f3 una negligencia grave por parte de quienes ten\u00edan el deber legal de prevenir riesgos, especialmente trat\u00e1ndose de una actividad de alto riesgo como la miner\u00eda subterr\u00e1nea. Si se demuestra que hubo omisiones en el deber de cuidado (por ejemplo, no actuar frente a alertas previas, deficiencias en las fortificaciones o falta de protocolos), esos hechos podr\u00edan configurar un cuasidelito de homicidio con infracci\u00f3n de reglamentos, seg\u00fan el C\u00f3digo Penal.<\/p>\n

Y aqu\u00ed es donde entra la Ley 21.595, espec\u00edficamente el articulo 4, porque si esos cuasidelitos se cometieron en el marco de una actividad empresarial -como es el caso de una faena minera- y adem\u00e1s hubo infracci\u00f3n grave a los deberes legales, estos hechos podr\u00edan ser reclasificados como delitos econ\u00f3micos, por negligencia grave.<\/p>\n

En tal caso, la investigaci\u00f3n penal podr\u00eda centrarse en acciones como indagar si los supervisores y encargados directos de la faena cumplieron con su deber de prevenir riesgos laborales, considerando las condiciones espec\u00edficas del trabajo subterr\u00e1neo. \u00a0Tambi\u00e9n ser\u00eda relevante determinar si la administraci\u00f3n de El Teniente adopt\u00f3 medidas concretas tras recibir advertencias previas.<\/p>\n

Otro foco importante ser\u00eda establecer si la empresa contaba con un Modelo de Prevenci\u00f3n de Delitos (MPD) vigente y eficaz frente a situaciones de riesgo como la ocurrida.<\/p>\n

Tambi\u00e9n deber\u00eda analizarse si existieron omisiones en los protocolos de seguridad o en los sistemas de monitoreo del terreno que puedan haber contribuido a la tragedia. Este punto es especialmente relevante, ya de acuerdo a la Ley 21.595 (espec\u00edficamente al art\u00edculo 8), para establecer la responsabilidad penal de la empresa no es necesario que los due\u00f1os o directores conozcan todos los detalles operativos; basta con que se demuestre que hubo inter\u00e9s, beneficio o \u201cfalta de controles adecuados\u201d para que se configure el delito.<\/p>\n

Qui\u00e9nes podr\u00edan ser perseguidos penalmente<\/h3>\n

En un escenario hipot\u00e9tico, si se establece que el siniestro fue consecuencia de una organizaci\u00f3n deficiente, falta de controles o de un MPD mal dise\u00f1ado o no implementado, tanto las personas jur\u00eddicas como las naturales podr\u00edan ser imputadas.<\/p>\n

Si se configura negligencia grave con resultado de muerte, la pena para las personas naturales puede ser presidio menor en su grado medio a m\u00e1ximo (de 541 d\u00edas a 5 a\u00f1os), adem\u00e1s de penas como inhabilitaci\u00f3n para ejercer cargos o funciones en empresas con riesgos laborales.<\/p>\n

En cuanto a Codelco, si se determinara una responsabilidad penal, las sanciones podr\u00edan incluir multas de hasta 30.000 UTM, p\u00e9rdida de beneficios fiscales o inhabilidad temporal para contratar con el Estado, medidas de fiscalizaci\u00f3n intensiva u obligaci\u00f3n de redise\u00f1ar completamente su MPD. En casos extremos, la ley contempla incluso la disoluci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, aunque trat\u00e1ndose de una empresa estatal estrat\u00e9gica, esto es jur\u00eddicamente m\u00e1s complejo.<\/p>\n

La Ley 21.595 tambi\u00e9n contempla factores atenuantes de la responsabilidad de la empresa. Entre ellos, haber implementado un Modelo de Prevenci\u00f3n de Delitos eficaz; colaborar activamente con la investigaci\u00f3n; adoptar medidas correctivas inmediatas tras el accidente; reparar el da\u00f1o o indemnizar a las familias afectadas (art. 19).<\/p>\n

En el caso de Codelco, uno de los aspectos clave ser\u00eda demostrar que no hubo una falla sistem\u00e1tica en la empresa y que se trat\u00f3 de un hecho excepcional, pese a contar con protocolos y controles activos.<\/p>\n

Aunque este an\u00e1lisis es solo un ejercicio te\u00f3rico, resulta \u00fatil para evaluar los alcances de la nueva ley y graficar que, a partir de su entrada en vigencia, la responsabilidad penal tambi\u00e9n puede alcanzar a empresas y directivos, si se comprueba una gesti\u00f3n negligente o una cultura organizacional deficiente en la prevenci\u00f3n de riesgos.<\/p>\n

\u00bfC\u00d3MO FUNCIONA EN OTROS PA\u00cdSES?<\/h3>\n

Modelos similares al chileno existen en pa\u00edses como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Brasil. En Reino Unido, por ejemplo, el UK Bribery Act establece responsabilidad penal para las empresas por actos de corrupci\u00f3n si no han implementado medidas adecuadas para prevenirlos. En Francia, la Ley Sapin II obliga a grandes empresas a establecer programas de compliance. Chile ha adoptado una tendencia internacional que busca dejar atr\u00e1s la impunidad de los delitos econ\u00f3micos y promover el autocontrol corporativo. Sin embargo, expertos advierten que el \u00e9xito de estas leyes depende, en gran parte, del acompa\u00f1amiento estatal para fomentar el cumplimiento, especialmente en organizaciones m\u00e1s peque\u00f1as.<\/p>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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